Cornellà

Sentencia de la trama Gurtel

Los acontecimientos jurídico-políticos de los últimos días nos traen las primeras resoluciones de casos iniciados a principios del 2009 con la orden del juez Garzón y ante la Audiencia Nacional.

Los acontecimientos jurídico-políticos de los últimos días nos traen las primeras resoluciones de casos iniciados a principios del 2009 con la orden del juez Garzón y ante la Audiencia Nacional. Sería conveniente hacer una síntesis con una vocación didáctica e introductoria para llegar a entender la resolución del tribunal del jurado valenciano a la hora de declarar ‘no-culpable’ al ex-President Camps y Francisco Correa. Me centraré básicamente en explicar; por un lado, los antecedentes del caso y, por el otro, intentar acercar al lector la normativa del procedimiento penal para poder entender superficialmente el entramado de Gürtel. Sobre todo quiero hacer llegar al lector cómo de complejo ha llegado a ser todo este montaje, así como la visión —a veces mal interpretada— que da la justicia (sobretodo sus resoluciones).

De cara a explicar mínimamente los antecedentes del caso nos remontamos a los albores del 2009. El primero en caer es un empresario muy ligado al Partido Popular de Bohadilla del Monte al cual, sin pausa pero sin prisa, se le suma un lento goteo de imputados que va alargando la lista hasta un catálogo variadísimo de cargos del PP, responsabilidades de la más diversa índole e importancia dentro de la estructura de la misma formación —un ir y venir— de puestos que dimiten a lo largo y ancho del territorio nacional. Al ir avanzando las investigaciones, van subiendo los responsables de ésta en la cúpula y acotándose territorialmente en Valencia.

Recordar, sin que sea una minucia, que aunque se haya apodado por parte de los medios de comunicación como “el caso de los trajes de Camps”, estamos hablando de la posible imputación de miles de millones de euros para la adjudicación de todo tipo de bienes y terrenos, malversación de fondos y la posible, pero no descartable, financiación ilegal del PP. Sin contar que durante su gestión, la Comunidad Valenciana ha llegado a la quiebra por tantos escándalos como la de Caja Mediterráneo (5249 millones de euros), Urdangarín (que facturó unos 3,5 millones de euros de la Generalitat Valenciana), el arquitecto Sr. Calatrava (que cobró 15 millones € por el diseño de unos rascacielos que nunca se construyeron) y además, agregar la facturación que realizó la trama Gürtel de unos, al menos, 14 millones de euros. En resumen y para el caso en que ahora vamos a centrarnos, se le imputa la aceptación de regalos valorados en unos 12.000€.

Por otro lado más técnico y jurídico, nuestro sistema penal exige que para poder juzgar a un sujeto por cualquier acto contrario al orden penal se ha de seguir una serie de pautas que están indicadas en la ley de enjuiciamiento criminal (en adelante LECrim). A gran escala y sin tener vocación de entrar en un curso acelerado de procesal penal: en primer lugar, un juez de lo penal ha de realizar una investigación (fase de instrucción) y cuando crea que ha obtenido los indicios de criminalidad suficientes finaliza esta primera etapa y entrega a otro tribunal (el que juzgará y valorará las pruebas aportadas (tanto por la defensa como por la acusación) entre otras funciones designadas en la ley. Esta repartición de misiones se basa en el derecho fundamental a tener un juez no contaminado por su investigación realizada anteriormente y que se nos ejecute un juicio con todas las garantías legales.

Como todo caso del que se haga eco la prensa, éste tiene varios aspectos en los que los juristas han discutido el encaje y desencaje en la normativa vigente.

Primer punto, tenemos a cuatro sujetos juzgados por la redacción del Código penal de la época (y ahora modificada pero por lo que opina la doctrina más autorizada no acaba de pulir todos los aspectos que deberían cubrirse dada su compleja naturaleza en la práctica) por un delito de cohecho pasivo, es decir, recibir ‘regalos’ y aceptarlos. Tal y como esta redactado se igualan regalos como una lata de sardinas a unos trajes de 12.000 €. Porque lo importante del delito es que un cargo público acepte regalos de sujetos privados. Entendiendo en qué consiste el cohecho, y para acabar de rizar el rizo, tenemos dos de los cuatro acusados (Campos y Betoret) que se conforman, es decir, aceptan la pena que les pide la acusación más severa (sin ir a juicio, aceptando su culpabilidad sin más). Pero por otro lado a Camps y a Costa, en cambio, se someten a juicio.

Camps y Costa fueron juzgados por delitos distintos, es decir, cometieron delitos de cohecho A y delito cohecho B. No obstante serán juzgados en el mismo procedimiento (en el mismo pack) sin que sus presuntos delitos hayan sido cometidos de forma simultánea por los cuatro, ni consta indicio alguno de que se concertaran para aceptar regalos, ni unos delitos fueron instrumentales de otros ni, obviamente, estamos ante diversos delitos de los que se acuse a una sola persona. (Cito textualmente los casos en que la ley nos permitiría juzgarlos juntos)

En un segundo lugar, ¿por qué se juzgó a Camps por un juzgado popular y no por uno profesional? Se entiende por la Ley del Tribunal del Jurado que se juzgaran a través de los delitos incluídos en el primer artículo 1 de la ley, entre ellos el cohecho.

Además no olvidemos que Camps tenía la particularidad de ser un aforado, es decir, la cualidad de ser un cargo público le daba una serie de privilegios a la hora de ser juzgado y, por lo tanto, entiende de estos casos nuestra ya muy famosa Audiencia Nacional (este privilegio buscaba proteger a los sujetos que ostentaban un cargo legislativo de los posibles abusos del poder judicial y policial).

No obstante, un sector de la doctrina (y yo) con la ley en mano coincide en que se podría haber juzgado a Camps y a Costa por un tribunal profesional bajo la vía que nos abre un par de artículos más abajo la ley (concretamente el art.5) en dónde exceptúa el enjuiciamiento por tribunal del jurado a los delitos de prevaricación y delitos conexos que se pudieran juzgar por separado ‘sin que se rompa la contingencia de la causa’.

En general, la idea que quiero hacer llegar es que un delito complejo como el cohecho se deja en manos de ciudadanos sin la base necesaria para llegar a entender todos los aspectos del delito antes mencionado.

Así que, leyendo e interpretando la ley en su generalidad y buscando la síntesis de las ideas expuestas, a Camps se le podría haber juzgado de forma diferente sin entrar en un procedimiento de un jurado popular dónde la misma idea de hacer que los ciudadanos ‘no conocedores del Derecho’ participes de la justicia; se convierte en un arma de doble filo. Como en este caso, nueve ciudadanos elegidos al azar entran a valorar la contundencia —o no— de las pruebas que a la vista de cualquier jurista medio pueden ser valoradas claramente como incriminatorias y con la fuerza suficiente para romper la presunción de inocencia. No obstante el juez abrió enjuiciamiento por la vía del tribunal del jurado.

En tercer lugar, hacer una mención de cómo se relacionan los casos Gürtel y los del juez Garzón, a quien se le imputa de un delito de prevaricación. En primer lugar, el juez Garzón fue el juez que instruyó la trama Gürtel, por lo tanto, se dedicó a la investigación y búsqueda de indicios de actividad criminal de los que hace pocos días fueron declarados ‘no-culpables’. Uno de los abogados vinculados al Partido Popular interpuso una querella ante el tribunal supremo basándose en la orden que realizó el juez de gravar las conversaciones entre los presos encausados y sus abogados. Actos que pueden ser constitutivos claramente delictivos por vulnerar el derecho a un procedimiento con todas las garantías, defensa y no declarar contra sí mismos.

Nos queda como ciudadanos utilizar los mecanismos jurídicos que se nos proporciona desde la ley para revertir las situaciones que a nuestros ojos no nos parecen ajustadas a derecho y si, en su defecto, seguimos sin estar conformes. Buscar aquellas fórmulas nuevas que adapten el Derecho a nuestros días y, por tanto, mantener un país en dónde escándalos como éste no se toleren.

Mantener las garantías penales aceptadas internacionalmente y buscar fórmulas que mejoren las ideas que vienen de nuestro poder legislativo (representante de nuestros ciudadanos) y los conocimientos técnicos jurídicos, sin llegar a ser un sistema tecnocrático.

La búsqueda de estas fórmulas y su posterior puesta en marcha sólo se logra desde un partido conectado con los ciudadanos y conocedores de sus necesidades. Así pues, es importante que desde la Juventut Socialista de Catalunya trabajemos en ser un punto más de conexión y buscar así la renovación de las instituciones del Estado.

Alexandra Providel Jofre
Militante de las JSC-Cornellá