Cornellà

¿Expolio fiscal o de clase?

Vivimos un momento convulso en Catalunya. Algunos tildan esta realidad de histórica para nuestro país, otros le quitan leña al asunto e incluso tratan de ridiculizar los anhelos de algunos colectivos.

Vivimos un momento convulso en Catalunya. Algunos tildan esta realidad de histórica para nuestro país, otros le quitan leña al asunto e incluso tratan de ridiculizar los anhelos de algunos colectivos. No obstante, ambos utilizan el mismo recurso para justificar sus posturas: la demagogia.

Unos ponen a la libertad de escolarizar a sus hijos en un idioma como un obstáculo insalvable. Otros hablan del expolio a su territorio como el verdadero agravante de nuestra crisis, y a la vez, justificante de sus medidas de recortes sociales. Mientras el repudio hacia una cultura crece, también lo hace el agujero económico de Catalunya a causa de algo llamado fraude fiscal. Un fraude fiscal en el que todavía no se han puesto de acuerdo para atacarlo, ni los defensores del nuevo estado, ni los detractores de él. Es más, ni si quiera se lo han planteado.

Es inverosímil que ninguno de estos dos gobiernos, ahora rivales antagónicos, se hayan puesto de acuerdo para tratar este problema. El fraude fiscal de Catalunya es de 16000 millones de euros aproximadamente, según fuentes sindicales. Un fraude que está muy por encima de los 2700 millones de euros que el actual gobierno de la Generalitat recortó el pasado año en gasto público. Tres cuartos de lo mismo pasa en todo el conjunto de España, dónde la cifra aumenta hasta los 70000 millones de euros. Pero las cifras son todavía más exasperantes porque el 70% de este fraude lo cometen entidades financieras, multinacionales, las grandes fortunas, y en definitiva, ese pequeño grupo de la población que tiene dinero para vivir 100 vidas más.

Me parece cínico y alejado de la realidad que hoy en día todo se esté extrapolando a un debate sobre si Catalunya debería ser un nuevo estado dentro de la UE. Especialmente porque llevamos ya bastantes años viendo como los recortes los sufre la clase media y baja, y con la subida del IVA presenciando como su poder adquisitivo mengua a cada año que pasa.

La historia cuenta que un imperio tan prospero como el romano cayó porque los grandes latifundistas, es decir, los ricos, defraudaban fiscalmente cayendo así sobre la clase media el mantenimiento del imperio. En consecuencia, el ciudadano se empobrecía hasta tal punto que no le quedaba más salida que abandonar su condición de ciudadano libre para ponerse al servicio de los latifundistas, que irónicamente, eran los culpables directos de su nuevo estatus social. Esto es lo que está pasando actualmente en Catalunya y en España. Que la carga fiscal que mantiene nuestro estado del bienestar está cayendo sobre los ciudadanos de clase media y baja. Un estado del bienestar que beneficia a todos, incluido a esa mayoría defraudadora. Porque son los ciudadanos que utilizan la sanidad y educación pública los que ocupan puestos en sus empresas, al igual que son los que consumen sus productos. Por lo tanto, esto no es una cuestión de expolio fiscal a un territorio, sino de un expolio de clase. Sin embargo, el problema a vista del PP y CiU, que son los “beligerantes en esta guerra de falacias, tiene que ver con cuestiones de índole nacionalista.

En mi opinión, la solución no pasa por tener un estado propio que tenga una hacienda propia. La Generalitat ya controla ciertos impuestos, como el del IRPF, impuesto que afecta especialmente a los ricos, y no lo ha subido para aquellas rentas más altas. Pero independientemente de ello, tampoco se ha visto una voluntad de atajar el fraude fiscal, y eso está reflejado en lo que sucede en el Congreso de los Diputados. Hace poco el PSOE presentó un proyecto para la creación de una oficina que luchara contra el fraude fiscal. Sin embargo, tanto CiU como el PP votaron en contra. Yendo más lejos todavía, tanto PP como CiU votaron a favor de la Amnistía Fiscal, medida que favorecía justamente el fraude ¿Por qué si tienen diferencias tan insalvables ahora, se ponen de acuerdo en estos puntos? Sea cual sea el motivo, hay una cosa clara. La solución para Catalunya y España no es una escisión del territorio. La solución pasa por abandonar las políticas de austeridad y empezar a crear una base que nos asegure volver a tasas de crecimiento.

Por ello creo que el primer objetivo para salir de esta situación es que tanto el gobierno central, como los gobiernos autonómicos colaboren juntos en la lucha contra el fraude fiscal. De este modo el país volvería a recibir los ingresos suficientes para que no se necesitara recortar el gasto público. Luego vendrían otra serie de medidas que mejoraran la redistribución del estado, pero si hay que empezar desde un punto de partida debe ser este.

Esto es por lo que se apuesta en la órbita de la izquierda, y especialmente, en las JSC. No obstante, la política requiere un esfuerzo por parte de todos, y los ciudadanos, tanto jóvenes como mayores, deben elegir si continuar por el camino de la destrucción del estado del bienestar, o por el de su fortalecimiento.

Emilio Pérez Tamarit

Secretario de NNTT